“Las lluvias no matan: lo que mata es la omisión del Estado.” Con esa declaración, la diputada Brenda Francisca Ríos Prieto, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa histórica para reformar la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua y enfrentar de raíz la crisis climática y el abandono institucional que año tras año deja a miles de familias a merced del desastre.
La iniciativa propone una transformación profunda en la forma en que se planea el desarrollo urbano en el estado, incorporando —por primera vez— la gestión de riesgos climáticos, la prevención de desastres naturales, la resiliencia urbana y la infraestructura verde como obligaciones legales para los gobiernos estatal y municipales.
“Lo que vivimos el 30 de junio no fue un fenómeno natural extraordinario. Fue el resultado de años de negligencia, improvisación y simulación. Mientras el agua arrastraba autos, inundaba viviendas y desenterraba tumbas, el Estado se volvió a mostrar incapaz de prevenir lo prevenible”, señaló Ríos Prieto.
Puntos clave de la iniciativa:
Creación de un Consejo Consultivo de Riesgos Climáticos y Resiliencia Urbana, con participación real de especialistas, ciudadanía y academia.
Planes obligatorios de gestión de riesgos y desastres en todos los niveles de gobierno, con enfoque en zonas urbanas vulnerables.
Presupuestos con recursos etiquetados obligatorios para la prevención y adaptación al cambio climático.
Áreas verdes y vegetación urbana como parte de la infraestructura pública esencial, no como adornos.
Lenguaje legislativo con perspectiva de género y protección prioritaria a mujeres, niñez, personas mayores, comunidades indígenas y población en pobreza.
Ríos Prieto recordó que muchas de las colonias afectadas —como El Porvenir II, Los Minerales y Vistas del Norte— ya estaban catalogadas como zonas de alto riesgo. “Y a pesar de eso, no se actuó. Lo que está fallando no es el clima, es el sistema de gobierno”, dijo.
La diputada también destacó el trabajo académico de estudiantes de la UACH, quienes demostraron, con evidencia científica, la relación directa entre las lluvias, la infraestructura urbana deficiente y el aumento en los siniestros viales. “El conocimiento ya existe, lo que ha faltado es voluntad política para convertirlo en ley y en acción real.”
Esta reforma busca cerrar ese vacío legal que hoy impide construir ciudades preparadas para los desafíos del siglo XXI. Además, alinea al estado con los compromisos internacionales que México ha firmado, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
“Ya basta de administrar la tragedia. La resiliencia no se improvisa, se planea, se legisla y se financia. Este Congreso tiene la obligación de dejar atrás los discursos y pasar a las soluciones estructurales”, finalizó.