Según informaron los abogados defensores del exmandatario, la vivienda fue asegurada en 2017 como parte de una investigación penal por diversos delitos. No obstante, señalaron que “todos esos señalamientos fueron fabricados y jamás se pudo probar nada, porque simplemente no existían fundamentos reales”.En su resolución, el tribunal federal determinó que el aseguramiento del inmueble fue ilegal, al no haber justificación jurídica para considerarlo objeto de investigación. Por ello, ordenó su devolución inmediata a los hijos del exgobernador, quienes residían allí antes del aseguramiento.La defensa de Duarte —integrada por los abogados Enrique E. Muñoz, Irving Anchondo Valdez, José Gutiérrez Quezada y Juan Carlos Mendoza Luján— consideró que esta resolución es una muestra más de “la farsa que representó la llamada ‘Operación Justicia’ impulsada por Javier Corral”, la cual, afirmaron, implicó un uso indebido de recursos públicos y constituyó una burla para los ciudadanos de Chihuahua.